Perfila la SCJN nuevo criterio para evitar cancelar leyes que beneficien a personas con discapacidad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a perfila un viraje histórico en su jurisprudencia al abrir la puerta para matizar la invalidación automática de leyes aprobadas sin consulta previa a personas con discapacidad, especialmente cuando dichas normas resulten benéficas para este sector.

Durante la sesión, el pleno aprobó la propuesta del ministro Arístides Guerrero García sobre una reforma de Tamaulipas que reserva al menos el 3 por ciento de los empleos públicos a personas con discapacidad. Aunque la Corte determinó que el Congreso local omitió la consulta obligatoria, aplicó una invalidez diferida por 12 meses para mantener la cuota laboral vigente mientras se realiza el proceso de consulta correspondiente.

Dentro de la misma resolución, el máximo tribunal invalidó de forma inmediata la exigencia de una "certificación de competencias" para acceder a dichos puestos de trabajo, al considerarla una carga discriminatoria e injustificada. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf defendió la importancia de escuchar directamente a la comunidad, señalando la incapacidad de terceros para definir de forma externa lo que realmente les beneficia.

El debate continuará con el análisis de cuatro proyectos pendientes que terminarán de definir el nuevo criterio de la actual integración de la Corte, en medio de discusiones sobre si mantener la invalidez estricta o permitir salidas institucionales que no desprotejan los avances laborales alcanzados.