La LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua ha solicitado formalmente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a la Fiscalía General de la República (FGR), que investiguen las presuntas extracciones ilegales de agua del Río Conchos en el municipio de San Francisco de Conchos.1 El objetivo es que se proceda conforme a derecho contra quienes resulten responsables.

La proposición fue presentada por el diputado Arturo Zubía Fernández, quien denunció que, con base en información ciudadana y de medios locales, existen prácticas sistemáticas de desvío ilegal del agua mediante bombas instaladas en la corriente del río, sin la autorización legal correspondiente.2 Esta agua, señaló, está siendo destinada principalmente a grandes unidades de producción agrícola.

Es importante destacar que la moción presentada por el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo fue aprobada, con lo que se incluirá también a la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la investigación.

“Estas extracciones ilegales no solo violan la legislación en materia de aguas nacionales, sino que además privan a las comunidades de un recurso esencial para su subsistencia”, enfatizó el legislador Zubía.

Comentó que la extracción clandestina de agua no solo vulnera el derecho de las comunidades al acceso al vital líquido, sino que también representa una amenaza para la sustentabilidad ambiental y la equidad en el uso de los recursos hídricos. Además, estos actos ilegales están generando conflictos sociales y poniendo en riesgo la paz y la seguridad en la región.3

Como consecuencia directa de esta situación, numerosas familias han quedado sin acceso al agua potable durante varios días, obligando incluso a estudiantes de escuelas primarias a llevar agua desde sus hogares para poder realizar actividades básicas como la limpieza de sanitarios.

En su documento, el diputado destacó que el desvío ilegal del recurso hídrico no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Por el contrario, “implica organización, impunidad y, en muchos casos, la omisión de las autoridades”.

“El problema del huachicoleo de agua en Chihuahua refleja un patrón nacional que demanda atención urgente y acciones coordinadas por parte del Estado mexicano. No se trata únicamente de un conflicto por recursos naturales, sino de una crisis de gobernanza, de legalidad y de justicia social”, sentenció.

Finalmente, Zubía Fernández señaló que es imperativo que las autoridades competentes actúen de manera inmediata y coordinada para investigar estos hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones establecidas en la ley. Asimismo, urgió a implementar mecanismos de vigilancia y control más efectivos para prevenir futuras extracciones ilegales y garantizar el acceso equitativo al agua para todas las comunidades.