El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentra bajo una intensa presión. Ha recibido cerca de 300 impugnaciones que exigen la anulación de la elección de Ministros, Magistrados y Jueces celebrada el pasado 1 de junio. Candidatos y organizaciones ciudadanas denuncian una presunta inducción del voto a través de "acordeones" y otras irregularidades que incluso han sido reconocidas por el INE.

Entre los recursos más recientes, destaca el presentado este lunes por 23 aspirantes a Magistrados de circuito y Jueces de Distrito, quienes insisten en que la autoridad electoral no puede ser omisa ante las anomalías denunciadas.

El candidato a Ministro, Ricardo Sodi, fue aún más allá en su queja, demandando que se comparen los nombres de los electores que acudieron a las urnas con los beneficiarios de programas sociales. Sodi argumenta que este cruce de datos podría ayudar a determinar si los votantes fueron presionados para emitir su sufragio en un sentido específico.

Hasta ayer, la Sala Superior del TEPJF había recibido 247 juicios de inconformidad (JIN) de candidatos y cerca de 50 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano (JDC), interpuestos por organizaciones, ciudadanos y liderazgos de partidos.

La mayoría de estas impugnaciones advierten que el voto no fue libre. Días antes de la elección, predominaron los llamados "acordeones", guías distribuidas por terceros (no por la autoridad electoral) en las que se pedía votar por perfiles específicos. Como prueba, los 23 aspirantes presentaron noticias periodísticas y fotografías de estos "acordeones" que aparecieron en redes sociales, así como "guías" entregadas físicamente en al menos una decena de estados donde ellos compitieron.

Para los quejosos, este proceso electoral estuvo marcado por tres condiciones que provocaron un "efecto corruptor":

1. La injerencia de gobiernos, Morena y el uso de recursos públicos.
2. La contaminación del proceso al restarle credibilidad e inducir el voto.
3. El impacto directo y total de lo anterior en los derechos político-electorales de la ciudadanía y de las candidaturas.

"Así como en el proceso penal la actualización del efecto corruptor conduce a la invalidez total del procedimiento la imposibilidad de emitir una sentencia condenatoria, en el ámbito electoral debe llevar al Tribunal a decretar la nulidad de la elección correspondiente al no estar dadas las condiciones constitucionales mínimas para considerar válidos y legítimos sus resultados", indica el recurso presentado.

Los candidatos denunciantes acudieron a la sede del INE acompañados de integrantes de SOMOS, una organización ciudadana vinculada a la denominada Marea Rosa que busca constituirse en un nuevo partido político.

Ricardo Sodi, quien también es magistrado en materia penal y fue candidato en este proceso por el mismo cargo, afirmó que de 220 juzgadores en funciones que decidieron participar en las urnas, únicamente unos 20 lograron ganar, y lo hicieron precisamente en estados donde no gobierna Morena.

"Fue quizá (en esos estados) donde se respetó más el sufragio libre y secreto", apuntó Sodi.

Por su parte, el mismo Sodi aseguró que resulta evidente la falta de libertad en el sufragio, ya que quienes acudieron a votar fueron presuntamente coaccionados o presionados. Considera que el contraste de padrones de beneficiarios de programas sociales como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y la Pensión para las Personas Adultas Mayores, confirmará esta situación.

 Nota referencia: Reforma.