La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, con el objetivo de atender el bullying como una responsabilidad compartida entre autoridades, escuelas y padres de familia. La propuesta adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies.

La iniciativa establece que el Estado deberá priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, garantizando su derecho a una vida libre de violencia, así como el respeto a su integridad personal mediante programas y políticas públicas de prevención.

Se define como bullying cualquier forma de violencia física, verbal, psicológica o digital que se ejerza de manera repetida entre estudiantes con el objetivo de intimidar, excluir o dañar. También se incluyen las formas de ciberacoso.

La propuesta señala que los padres o tutores estarán obligados a participar en programas de prevención, colaborar con las autoridades educativas en la corrección de conductas y asegurar atención psicológica para sus hijas e hijos cuando así lo determine la escuela.

En caso de reincidencia en conductas de bullying, se contemplan medidas para los padres o tutores:

• Primera reincidencia: amonestación y asistencia obligatoria a cursos de parentalidad positiva.
• Segunda reincidencia: multa económica proporcional al ingreso familiar.
• Tercera reincidencia: canalización a instancias de procuración de justicia para evaluar medidas de protección y responsabilidad parental.

La diputada aclaró que estas sanciones deberán ser proporcionadas, siempre respetando el interés superior de la niñez y evitando criminalizar a las y los menores.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Educación para su análisis y establece que la Secretaría de Educación Pública, junto con el Sistema Nacional DIF y las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, definirán los lineamientos para su aplicación.

En su exposición de motivos, González González explicó que el bullying es una de las principales causas de deserción escolar en educación básica y provoca graves afectaciones psicológicas, bajo rendimiento académico y aumento de la violencia juvenil. Señaló que, aunque existen leyes que reconocen el derecho de los menores a vivir sin violencia, actualmente no se especifica claramente la responsabilidad de los padres en estos casos.

Finalmente, destacó que contar con un marco legal específico permitirá crear entornos escolares más seguros, además de brindar a docentes y estudiantes herramientas para identificar y enfrentar el acoso escolar.