Proponen hasta 70 años de cárcel y castigo parejo en todo México por feminicidio.

En un movimiento que busca saldar una deuda histórica con las mujeres y sus familias, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó una ambiciosa propuesta de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio. Con la premisa de que este delito no debe verse solo como una estadística, sino como una violación gravísima a los derechos humanos, la iniciativa plantea un frente común entre el Estado, colectivos feministas y la academia. La Fiscal fue contundente al señalar que el combate a la violencia feminicida es una lucha permanente que exige la convergencia de todas las instituciones para frenar el flagelo que arrebata vidas diariamente en el país.

El núcleo de esta propuesta radica en la homologación del tipo penal a nivel nacional, estableciendo criterios claros que reconozcan nueve razones de género específicas. Entre estas se incluyen signos de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia y estados de indefensión o incomunicación de la víctima. El objetivo es eliminar las lagunas legales que permiten la impunidad, imponiendo penas severas que oscilan entre los 40 y 70 años de prisión. Además, la ley busca garantizar que, desde el primer momento, toda muerte violenta de una mujer sea investigada obligatoriamente bajo la hipótesis de feminicidio, aplicando una perspectiva de género reforzada en cada diligencia.

Para asegurar que las investigaciones no se queden en el papel, la propuesta establece protocolos especializados de actuación que deberán ser aplicados por todas las autoridades de procuración de justicia del país. Estas medidas incluyen el análisis de contexto de violencia y la preservación adecuada de indicios, bajo la premisa de que el feminicidio se perseguirá de oficio y con una debida diligencia extrema. Godoy Ramos enfatizó que esta ley es un paso decisivo hacia la justicia real, transformando la manera en que el sistema judicial responde ante la violencia de género y asegurando que ninguna agresión quede sin castigo por falta de coordinación institucional.