Un golpe directo a las estructuras que pretenden secuestrar la democracia fue lanzado en Chihuahua, luego de que el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, presentara una agresiva iniciativa de reforma constitucional diseñada para anular de forma fulminante cualquier elección donde se acredite la intervención del narcotráfico para el proceso electoral 2026-2027.

Acompañado por la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez, y el diputado Arturo Zubía, el legislador fue tajante al señalar que el eje central de esta propuesta es cerrar el paso al crimen organizado, impidiendo además que cualquier persona con nexos delictivos pueda sostener una candidatura o acceder al poder público.

La reforma no solo blinda las urnas contra la violencia, sino que introduce un paquete de modificaciones de alto impacto que incluye la paridad de género en la gubernatura, la ampliación de la representación indígena y el fortalecimiento de las facultades del Instituto Estatal Electoral (IEE) para vigilar con mano dura los comicios.

En el plano administrativo y de austeridad, el diputado Arturo Zubía desmenuzó una reconfiguración total en los ayuntamientos que contempla una reducción del 21 por ciento de las regidurías en todo el estado, lo que significa desaparecer 151 puestos públicos de representación proporcional mediante un nuevo sistema de integración por bloques.

La propuesta también contempla la armonización de la no reelección, la aplicación estricta de la política "tres de tres" contra la violencia de género, el voto para reos sin sentencia firme y el aumento al 3 por ciento del umbral mínimo de votación para que los partidos políticos puedan acceder a regidurías.

La dirigencia de Acción Nacional advirtió con firmeza que la soberanía de Chihuahua debe pertenecer exclusivamente a los ciudadanos y no a las balas, por lo que urgieron al Congreso Local a respaldar este blindaje legal para evitar que el dinero sucio y la intimidación criminal dicten el futuro político del estado.