En la Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, encabezó una reunión con productores provenientes de 10 estados, en respuesta a sus solicitudes de diálogo en torno a la propuesta de Ley General de Aguas. Señaló que el proceso legislativo continúa y que las aportaciones recabadas se integrarán a una relatoría oficial que será enviada a las comisiones encargadas del dictamen, previo a su discusión este miércoles 3 de diciembre.

López Rabadán subrayó que este es un tema fundamental, pues el acceso al agua es un derecho humano y cualquier cambio impactará directamente a cerca de 600 mil concesionarios y sus familias. Reiteró que no habrá fast track y que el debate deberá ser transparente, plural y apegado a la ley, permitiendo que la ciudadanía conozca las posturas de todos los grupos parlamentarios.

Explicó que aún restan dos etapas decisivas: la sesión de la comisión dictaminadora y posteriormente la discusión en el Pleno, donde los 500 diputados deberán votar el producto final. Destacó la importancia de que el dictamen refleje la diversidad de visiones del campo y que las propuestas ciudadanas continúen integrándose.

Ante cuestionamientos sobre protestas y bloqueos anunciados por productores, la diputada reiteró su respeto al derecho a la manifestación pacífica y pidió que cualquier movilización se realice dentro del marco de la ley. Aclaró que, hasta ahora, las expresiones registradas en esta Legislatura se han desarrollado de manera ordenada.

Durante la entrevista con medios, López Rabadán también abordó temas relacionados con las modificaciones al dictamen, la participación de grupos parlamentarios, el papel de la Presidencia de la República en la iniciativa, y otros asuntos de coyuntura nacional. Sostuvo que el proceso de escucha continúa y que aún podrían integrarse cambios adicionales tanto en la comisión como en el Pleno.

Finalmente, hizo un llamado a mantener un ambiente legislativo responsable, sensible a las necesidades del campo mexicano y orientado a construir la mejor norma posible para garantizar el derecho al agua y la estabilidad de las comunidades que dependen de este recurso.