La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió una solicitud formal para separar de su cargo a Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del IPN, al detectarse presunto desvío de recursos públicos y ocultamiento de bienes durante su gestión. El expediente, al que tuvo acceso REFORMA, indica que el funcionario es investigado por no declarar recursos financieros obtenidos de manera irregular.

En el IPN, Tapia Santoyo autorizó un contrato por 2 mil 500 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales Retimar, señalada por integrar el llamado “cártel de la limpieza”, grupo que ha acumulado numerosos contratos dentro del servicio público. Este caso cobró relevancia luego de que personal de limpieza del Instituto protestara recientemente por la falta de pagos oportunos.

La indagatoria también incluye su paso por el ISSSTE como tesorero entre 2019 y 2022, periodo en el que recibió depósitos en cuentas personales y en dos empresas relacionadas con él: Human Mobile Systems y LabiScientific. De acuerdo con la investigación, durante su administración se habrían asignado recursos públicos para insumos médicos a una red de compañías fantasma, entre ellas Interacción Biomédica, que habría obtenido más de mil 613 millones de pesos.

En el caso del contrato de limpieza del IPN, Tapia es acusado de restringir la participación de proveedores en la licitación para favorecer a una empresa específica. Además, dicho contrato fue otorgado de forma plurianual, con vigencia de 2025 a 2028, por un monto superior a los 2 mil millones de pesos.

El sistema de denuncias señala posibles actos de enriquecimiento ilícito y abuso de funciones. En la operación, la Secretaría Administrativa del Politécnico fungió como área requirente, mientras que Tapia actuó como responsable de la adjudicación.

Como medida inmediata, la Secretaría Anticorrupción ordenó suspender al funcionario, retirarle el acceso a su correo institucional, sistemas internos y cualquier recurso público a su cargo. La dependencia advirtió un riesgo inminente de que, al mantenerse en sus funciones, Tapia pudiera alterar, destruir o manipular evidencia relevante para el caso.

Nota referencia: Reforma.