No fue una defensa legal, sino un "blindaje político": Dip. Nancy Frías.

El Congreso del Estado de Chihuahua, con una votación mayoritaria, ha emitido un enérgico llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que presente nuevamente la solicitud de desafuero del Diputado Federal Cuauhtémoc Blanco Bravo. La legislatura chihuahuense insta a la FGR a integrar todos los elementos necesarios que fortalezcan el caso.
Asimismo, el Congreso de Chihuahua se dirigió al Congreso de la Unión, solicitándole que, una vez recibida la solicitud de desafuero, la analice con responsabilidad y objetividad. El objetivo es que el legislador federal enfrente el debido proceso legal como cualquier ciudadano, sin la protección de privilegios ni influencias políticas.
En un contundente pronunciamiento, la 68 Legislatura del Estado de Chihuahua condenó firmemente el uso del fuero constitucional como un escudo para la impunidad de presuntos agresores sexuales. La legislatura estatal también expresó su rechazo a cualquier maniobra política que busque obstaculizar el acceso de las mujeres a la justicia.
Este posicionamiento se dio tras la aprobación de un Punto de Acuerdo presentado por la diputada Nancy Janeth Frías Frías (PAN), quien criticó duramente el reciente rechazo del desafuero en la Cámara de Diputados. La legisladora Frías declaró que esta acción no fue una defensa legal, sino un "blindaje político" para un hombre acusado de intento de violación.
"Debieron dejar que el agresor se defendiera en tribunales, con los recursos legales adecuados, como cualquier otro ciudadano. Sin privilegios, sin compadrazgos, sin ese influyentísmo y esa corrupción que tanto critican en sus discursos", enfatizó la diputada.
Frías también lamentó el voto de diputadas federales que, a su juicio, priorizaron una "línea vergonzosa" sobre la justicia, calificando esta situación como "complicidad disfrazada de discurso progresista" y "feminismo doctrinal".
Finalmente, la legisladora cuestionó el respeto a las instituciones del país, argumentando que si bien no correspondía a los diputados federales determinar la responsabilidad de Cuauhtémoc Blanco, al impedir que se le procese como a cualquier otro ciudadano, se convirtieron en cómplices.
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