En Chihuahua, el no hablar español se ha convertido en una sentencia de muerte. La diputada Jael Argüelles denunció que la omisión del Estado para garantizar intérpretes en hospitales públicos ha desatado una crisis de negligencia que ya cobró la vida del pequeño Ángel B. en el Hospital Infantil. Mientras las familias de la Sierra Tarahumara llegan buscando auxilio, se topan con una barrera de lenguaje que les impide entender diagnósticos terminales, como le ocurrió a la madre de Ángel, quien nunca supo que su hijo agonizaba por una infección cerebral. Ante este panorama, la legisladora de Morena lanzó una iniciativa de decreto urgente para que el Gobierno del Estado formalice la presencia de traductores capacitados y deje de ignorar a los pueblos originarios en su momento más vulnerable.

 La diputada Jael Argüelles presentó una iniciativa para obligar a las instituciones de salud a contar con intérpretes de lenguas indígenas, tras revelar casos de violencia institucional donde la falta de comunicación ha sido fatal. Con el doloroso antecedente del niño Ángel B. y las muertes por sarampión en 2025, la congresista busca reformar la Ley Estatal de Salud para que el diagnóstico médico y el consentimiento informado dejen de ser un privilegio exclusivo de quienes hablan español, garantizando atención digna en municipios como Guachochi, Urique y Bocoyna.

La legisladora recalcó que la muerte de Ángel B. evidenció un vacío crítico: su madre no recibió información clara y el menor falleció sin un registro oficial que permitiera siquiera tramitar el acta de defunción. Jael Argüelles señaló que el Estado ha sido omiso incluso ante brotes de sarampión y tuberculosis, donde la población indígena es la más castigada. La iniciativa propone cambios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley Estatal de Salud, para que el sistema MediChihuahua cuente permanentemente con personal certificado. "La lengua no puede seguir siendo una barrera entre la vida y la muerte", sentenció la diputada, al recordar que los hospitales actualmente dependen de "favores" de gobernadoras tradicionales para traducir, en lugar de cumplir con su obligación institucional.