El gobierno de Estados Unidos ha lanzado un golpe devastador contra la cúpula política de Sinaloa al solicitar formalmente la captura y extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, acusándolos de ser piezas clave en la estructura criminal de Los Chapitos. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el mandatario estatal no solo permitió que la facción de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán operara con total impunidad, sino que presuntamente llegó al poder mediante un fraude electoral masivo donde el cártel ordenó el robo de urnas para favorecerlo en las votaciones. La acusación es visceral y directa: los señalados habrían utilizado sus cargos públicos para garantizar el tráfico de drogas hacia el norte, proteger a los líderes criminales de arrestos y filtrar información de inteligencia policial para frustrar operativos militares estratégicos.

La gravedad del caso escala a niveles de terror tras revelarse que Juan Valenzuela, comandante de la policía de Culiacán, enfrenta cargos por el secuestro y asesinato de un informante de la DEA y un familiar, quienes fueron torturados hasta la muerte tras sospecharse que colaboraban con las autoridades estadounidenses. El expediente binacional incluye fotografías de una supuesta nómina del cártel donde los funcionarios eran identificados con nombres en código; el exvicefiscal Dámaso Castro figuraba como "Culiacán Regio" con pagos mensuales de 200 mil pesos, mientras que el exjefe de investigación Marco Almanza Avilés recibía 300 mil pesos bajo el alias de "RI". A pesar de la contundencia de los señalamientos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido frenar la extradición inmediata alegando falta de pruebas contundentes y criticando la divulgación pública del caso, aunque se vio obligada a abrir una carpeta de investigación interna para determinar la responsabilidad de los involucrados.

Mientras el Pentágono exige a México un progreso rápido en las capturas, los implicados y la Secretaría de Relaciones Exteriores han calificado estas acusaciones como ataques frontales contra la administración actual, a pesar de que la DEA sostiene que las pruebas fueron obtenidas directamente de la contabilidad interna del cártel. Los diez acusados en la corte de Manhattan enfrentan ahora cargos que podrían llevarlos a pasar el resto de sus vidas tras las rejas, incluyendo conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras. La tensión diplomática está en su punto más álgido mientras la sociedad sinaloense observa cómo sus máximas autoridades son señaladas de vender la seguridad del estado a cambio de sobornos y poder político manchado de sangre.

Nota de referencia: La Jornada.