Un golpe contundente a las mafias que lucran con la necesidad de los migrantes y un fuerte avance en el combate al crimen organizado se consolidó en el norte del país. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Gregorio "N", Britani "N" y Balbina "N", por su probable participación desde el año 2024 en el delito de tráfico de personas para una organización criminal con garras de hierro y fuerte presencia en la frontera con los Estados Unidos, operando en los municipios de Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas.

La cacería de este grupo delictivo concluyó de forma exitosa hace unos días gracias al despliegue de los agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes en un frente común coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ejecutaron una orden de aprehensión. Las fuerzas federales tomaron por asalto un inmueble mediante un cateo en la colonia Cumbres, en Río Bravo, logrando además el aseguramiento de un importante botín compuesto por cuatro inmuebles, 12 teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un vehículo, documentación diversa y numerario en efectivo.

Durante el desarrollo de la audiencia, el búnker del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso con alto calibre las imputaciones por su presunta vinculación con la delincuencia organizada enfocada al tráfico de indocumentados. Tras analizar el arsenal de datos de prueba presentados y escuchar los argumentos de ambas partes, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso.

Para cerrarle el paso a la impunidad y garantizar que los acusados no evadan la acción de la justicia, la autoridad judicial aplicó mano dura e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ordenando que los tres imputados sean recluidos de forma inmediata en el Centro de Ejecución de Sanciones en Matamoros, Tamaulipas, concediendo un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Finalmente, se lanzó la advertencia legal de que a las personas mencionadas se les presume inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por un juez competente.