La "dictadura arancelaria" de Donald Trump sufrió un colapso legal sin precedentes. La Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del magistrado John Roberts, confirmó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 no otorga al presidente el derecho de imponer impuestos a la importación sin el permiso del Congreso. Bajo la "doctrina de cuestiones importantes", los jueces sentenciaron que el Ejecutivo no puede tomar decisiones de "gran trascendencia económica" basándose en interpretaciones vagas de la ley.

El fallo es una respuesta directa al despliegue de fuerza de la administración Trump, que desde principios de 2025 utilizó el pretexto de la crisis del fentanilo y el déficit comercial para castigar a socios clave como México, Canadá y China. Este "garrote" económico, que Trump llamó su herramienta vital de seguridad, fue desmantelado por una mayoría que incluyó a dos jueces nombrados por el propio Trump, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, quienes se alinearon con la legalidad constitucional por encima de la lealtad política.

Las implicaciones financieras son catastróficas para el presupuesto de la Casa Blanca. Economistas estiman que el gobierno de EE. UU. ha recaudado más de 175 mil millones de dólares bajo esta ley, dinero que ahora las empresas afectadas exigen que sea reembolsado. Aunque el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya busca planes de "segunda ronda" invocando leyes de seguridad nacional, el fallo de hoy retira la flexibilidad de ataque que Trump utilizó para presionar a líderes mundiales y renegociar tratados.

Nota referencia: Forbes.