Bajo la premisa de que la justicia para las mujeres no debe depender del estado donde vivan, la Secretaría de las Mujeres anunció un avance histórico en la lucha contra la violencia de género. Gracias a la estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y coordinada por Citlalli Hernández Mora, se logró que el 100% de los congresos locales del país ya tengan en sus manos la iniciativa para homologar el delito de abuso sexual. Con este movimiento, se busca eliminar los huecos legales que permitían penas menores en algunas entidades, estableciendo un frente unido nacional donde cualquier acto sexual sin consentimiento sea castigado con el mismo rigor y sin excusas.

La iniciativa no solo unifica el concepto de abuso sexual en las 32 entidades, sino que pone reglas claras: se castigará a quien obligue a una víctima a realizar o presenciar actos sexuales, o incluso a exhibir su cuerpo, sin importar si es en el ámbito público o privado. Las penas propuestas van de los 3 a los 7 años de prisión, sumando multas y servicio comunitario. Además, la secretaria Citlalli Hernández fue contundente al advertir que, si el agresor es un servidor público, la sanción será todavía más severa, enviando un mensaje directo de que nadie está por encima de la seguridad de las mujeres.

Hasta el momento, cinco entidades ya promulgaron oficialmente estos cambios: Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, mientras que en otros 13 estados los dictámenes ya fueron aprobados. Pero el plan no solo queda en el papel; también incluye una limpieza en las fiscalías locales mediante capacitaciones obligatorias para evitar que las mujeres sean maltratadas o juzgadas al momento de denunciar. Con campañas de sensibilización en marcha y un sistema de monitoreo en tiempo real, el Gobierno de México reafirma que la protección de niñas, adolescentes y mujeres es una prioridad absoluta que no admite fronteras estatales.