La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se ha puesto al frente de la coordinación de las Mesas de Diálogo sobre la Agenda de Desaparición y Búsqueda de Personas. Su labor es fundamental para sintetizar las propuestas recabadas durante abril, mayo y junio a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Paralelamente, el Congreso de la Unión se prepara para un momento crucial: la próxima semana se prevé la discusión y, en su caso, aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población. Ambas legislaciones buscan fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en el país.

Organizaciones civiles han reconocido la disposición del Gobierno de México para permitir que organismos internacionales acompañen este proceso de integración de la Ley y apoyen a los colectivos de buscadores. En un mensaje publicado en redes, una organización expresó: "Agradecemos a las familias y al Gobierno de México la invitación a acompañar este proceso, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja México. Alentamos al Congreso a incorporar las propuestas formuladas y reiteramos nuestro apoyo a los esfuerzos para la erradicación de las desapariciones en el país".

En el marco de los diálogos, Rosa Icela Rodríguez ha destacado la visión de crear una Plataforma Única de Identidad, que integrará la CURP con huella y fotografía desde el nacimiento. Además, se propone la Alerta Nacional para la Búsqueda, Localización e Identificación, con activación inmediata en todo el país al momento de un reporte. Un tercer pilar es la Base Nacional de Carpetas de Investigación, diseñada para ser un registro único que se actualice en tiempo real.

Estos esfuerzos reflejan una estrategia integral para mejorar la atención y búsqueda de personas. Las cifras lo demuestran:

• Se llevaron a cabo 9 encuentros con colectivos de búsqueda por parte de la Secretaría de Gobernación.
• Participaron 156 grupos provenientes de 28 entidades federativas.
• Se recibieron 460 propuestas de un total de 562 personas involucradas.

La futura ley es un paso adelante en el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas de desaparición forzada y cometida por particulares. También contempla la integración de equipos multidisciplinarios de atención y búsqueda en los estados, y establece obligaciones específicas para las autoridades en relación con la investigación.

 Nota referencia: El Heraldo de México.