Luego de la explosión de un coche bomba frente a la comandancia de la policía comunitaria en Coahuayana, Michoacán, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, la Fiscalía General de la República abrió formalmente una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada. Para la indagatoria se movilizó un amplio operativo federal, integrado por 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal. En un primer momento se había informado que el ataque podría tratarse de un acto terrorista, sin embargo, la propia FGR corrigió esta versión y confirmó que el hecho se investiga bajo la hipótesis de participación directa del crimen organizado. También se informó que el vehículo utilizado en la explosión provenía del estado de Colima, lo que refuerza la línea de investigación sobre una posible operación interregional de grupos delictivos.