La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha lanzado una advertencia demoledora que exhibe las vísceras de una crisis humanitaria que no conoce tregua en territorio mexicano. Según el más reciente informe presentado por la relatora Andrea Viviana Pochak, México se encuentra sumergido en una espiral de violencia donde más de 128 mil personas han sido borradas del mapa, sumando a esta tragedia el escalofriante dato de 70 mil cuerpos que permanecen bajo custodia estatal sin ser identificados. Este fenómeno, que ha mutado en las últimas dos décadas, no solo es el resultado del poderío del crimen organizado, sino de la oscura complicidad de agentes estatales que permiten que la impunidad dicte la ley en el país.

El informe de la CIDH desnuda una realidad sistemática donde las desapariciones golpean con saña a los sectores más vulnerables: jóvenes, niños, mujeres y migrantes, quienes caen en un agujero negro administrativo y judicial. La relatora denunció que las investigaciones están plagadas de negligencias criminales, desde el encuadre erróneo de los casos como simples robos o secuestros, hasta la pérdida de expedientes completos y la liberación de responsables en decisiones judiciales bajo sospecha. Esta burocracia traumática obliga a las familias a realizar el trabajo que el Estado abandona, enfrentándose a instituciones que, lejos de ayudar, revictimizan a quienes buscan a sus seres queridos.

La ineficiencia institucional alcanza niveles macabros en la gestión de los cuerpos bajo resguardo estatal. El documento revela casos atroces donde personas buscadas desesperadamente por sus familiares ya se encontraban en manos del gobierno, pero debido a errores garrafales, nunca fueron notificadas. Un ejemplo lacerante es el de Braulio Bacilio, un niño de 13 años cuya familia buscó por seis años mientras su cuerpo permanecía en una fosa común porque el Estado lo registró erróneamente como un adulto. Mientras entidades como Jalisco, el Estado de México y Tamaulipas, junto con el Corredor del Pacífico, se consolidan como zonas rojas de desaparición, el informe concluye que la autoría de estos crímenes se reparte de forma casi igualitaria entre el narco y las propias fuerzas del orden, dejando a la sociedad en una total indefensión.

Nota referencia: 24 Hrs.