¡Alerta Roja en el ISSSTE! Diabetes e hipertensión devoran la salud de los derechohabien

Un diagnóstico basal sin precedentes, desarrollado entre 2021 y 2025 en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Secihti, ha puesto al descubierto una realidad alarmante dentro del ISSSTE: la prevalencia de diabetes tipo 2 alcanzó un preocupante 21.3%, mientras que la hipertensión arterial golpea al 31.9% de su población. Este estudio, sustentado en la Ensanut 2025, revela que a pesar del perfil socioeconómico medio-alto y el nivel educativo superior de sus afiliados, existen brechas críticas en la cascada de atención, dejando a miles de pacientes en un limbo de falta de diagnóstico y control efectivo de sus padecimientos.

La situación se torna aún más dramática al analizar el perfil demográfico del instituto, cuya población tiene un promedio de edad de 42.3 años, superando notablemente la media nacional. Este envejecimiento acelerado ha traído consigo una crisis de salud mental y movilidad; los datos indican que el 35.2% de los adultos mayores presentan síntomas depresivos y más del 43% reportan serias dificultades para caminar. Ante esta acumulación de riesgos, el director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, advirtió que la institución enfrenta un reto mayúsculo que exige una reorganización ética y clínica inmediata para gestionar la pesada carga de enfermedades crónicas que amenaza con colapsar la respuesta institucional.

Para frenar esta trayectoria de deterioro, las autoridades de salud han propuesto la meta estratégica "80-80-80" rumbo al año 2030, la cual busca garantizar que el 80% de los afectados sean diagnosticados, el 80% reciba tratamiento y el 80% logre un control real de su enfermedad. Con el apoyo de inteligencia artificial para el análisis de megabases de datos y el uso de infraestructura científica avanzada como el biobanco del INSP, se pretende cerrar las brechas de conocimiento y fortalecer la soberanía farmacéutica. El objetivo es claro: pasar de un modelo descriptivo a uno de riesgo que permita intervenciones expeditas antes de que la discapacidad y la mortalidad sigan ganando terreno entre las y los trabajadores al servicio del Estado.