En una ofensiva frontal contra lo que calificó como un "envenenamiento masivo" de la niñez, el diputado Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la Bancada Naranja, presentó una reforma para arrebatarle al Gobierno Federal el monopolio de la educación. El legislador denunció que el régimen de Morena, bajo la batuta del propagandista Marx Arriaga, ha convertido las aulas en centros de adoctrinamiento comunista, imponiendo libros de texto cargados de ideología que solo buscan crear súbditos y no ciudadanos. Sánchez Villegas fue tajante: los chihuahuenses no permitirán que sus hijos sean educados con un modelo "trasnochado y castro-chavista", exigiendo que sea el Estado quien produzca sus propios materiales educativos para proteger los valores y el futuro de las nuevas generaciones frente a este "fentanilo ideológico" pagado con dinero público.

 El diputado Francisco Sánchez Villegas presentó una reforma a la Ley General de Educación para facultar a Chihuahua en la elaboración de sus propios libros de texto, rechazando el actual modelo centralista de Morena. El legislador acusó al funcionario Marx Arriaga de imponer contenidos comunistas y "obradoristas" que actúan como droga ideológica en los niños. Con esta propuesta, se busca que Chihuahua tenga la autonomía total para decidir cómo educar a sus hijos, eliminando los contenidos que el diputado describió como "fentalibros" diseñados para el adoctrinamiento político del régimen.

Sánchez Villegas remarcó que Chihuahua tiene la capacidad y el derecho de rechazar las imposiciones de la federación que vulneran la complejidad académica y los valores familiares. Durante su exposición, señaló que los libros actuales son deliberadamente ideológicos y representan un retroceso histórico para el país. "Los chihuahuenses debemos tener la primera y la última palabra", sentenció el diputado de Movimiento Ciudadano, al asegurar que la lucha por los libros de texto propios es una defensa vital contra el avance de una agenda que busca colectivizar el pensamiento de los alumnos. La reforma pretende que los recursos públicos se utilicen en una educación de calidad y no en propaganda política, marcando una línea de fuego entre el sistema educativo local y el modelo impuesto desde el centro del país por figuras ligadas a ideologías de izquierda radical.