Un contundente freno a los intentos de despojo institucional se consolidó en el Congreso del Estado de Chihuahua, luego de que la Diputación Permanente aprobara por unanimidad un enérgico punto de acuerdo para exigir la suspensión inmediata de la subasta de viviendas de la colonia Pensiones Civiles del Estado en los municipios de Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Chihuahua y Delicias.

La iniciativa de urgencia social, promovida por el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, y presentada en tribuna por la diputada Magdalena Rentería Pérez, logró un respaldo total de siete votos a favor para obligar a las dependencias estatales a privilegiar el acceso social a la vivienda por encima de los intereses comerciales de enajenación.

La diputada Rentería Pérez sentenció con firmeza que el derecho a un techo digno es un derecho humano fundamental protegido por la Constitución, calificando como una total incongruencia que mientras el Gobierno Federal impulsa el Programa de Vivienda para el Bienestar, las autoridades locales pretendan rematar el patrimonio de sectores vulnerables.

El exhorto va dirigido de forma directa a la titular del Poder Ejecutivo Estatal, a la COESVI y a Pensiones Civiles del Estado, exigiéndoles cancelar de inmediato la convocatoria identificada como COESVI/SUBASTA/002/2026-BIS, publicada el pasado 27 de mayo en el Periódico Oficial del Estado, y sustituirla por mecanismos de venta directa a los actuales habitantes.

Para fundamentar legalmente el rescate patrimonial, la bancada morenista expuso que el artículo 46 de la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua faculta plenamente a las instancias competentes para realizar enajenaciones directas destinadas a la vivienda popular e interés social, sin necesidad de esperar una autorización del Poder Legislativo.

Ante la gravedad del caso, el acuerdo aprobado también incluye una solicitud de auxilio a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que inicie una investigación de oficio por probables violaciones a las garantías individuales de los afectados, ordenando además a COESVI transparentar la situación jurídica y la documentación de desincorporación de cada uno de los inmuebles en disputa.