Como parte del seguimiento al “Protocolo para la atención de personas migrantes en situación de vulnerabilidad víctimas de delito y en conflicto con la legislación penal”, adoptado en 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo dos importantes capacitaciones. Estas se realizaron en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM/ONU Migración) y el Tecnológico de Monterrey (ITESM).

Personal adscrito a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y fiscalías especializadas de las cinco zonas del estado, participaron activamente en estos talleres. Las sesiones se realizaron el 12 de junio en Chihuahua capital y el 26 de junio en Ciudad Juárez.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de especialistas de la OIM, la FGE y el ITESM campus Chihuahua. Se centraron en temas clave como: el contexto y perfiles migratorios, la asistencia y protección consular, así como el análisis de casos prácticos. Esto busca reforzar la identificación de procedimientos y el diseño de rutas de atención adecuadas a la situación y perfil migratorio de cada persona afectada por un delito.

Gracias a estas acciones, en casi un año de aplicación del Protocolo, la FGE ha logrado brindar procesos homologados a través de los Agentes del Ministerio Público de las distintas áreas. Con ello, se garantiza el respeto a los Derechos Humanos de las personas en situación de movilidad y el apego al estado de derecho de cada uno de los beneficiados.

Cristian Campos Coronado, Coordinador de la Unidad de Daños y Lesiones en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, comentó: “La colaboración entre la OIM y la FGE se ha complementado de manera adecuada, iniciando con la publicación del protocolo y se ha fortalecido el vínculo principalmente cuando una persona migrante requiere atención especializada. Las capacitaciones son una muestra del continuo interés de los funcionarios públicos por profesionalizarse en la mejora de sus responsabilidades.”

Como fruto de esta colaboración e intercambio de conocimiento con otras instancias, se han conocido nuevos enfoques, como la atención que se brinda en la Clínica Universitaria de Acceso a Derechos de Personas Migrantes del Tecnológico de Monterrey.

La OIM, por su parte, dirige sus esfuerzos a la difusión de materiales informativos para las personas migrantes sobre protección y asistencia consular. Esto facilita un mejor entendimiento de los procesos y los canales de atención cuando son víctimas de un delito y recurren a la denuncia.

“Reconocemos el compromiso de la Fiscalía para fortalecer las vías de atención con un enfoque de protección, el cual abona en el camino para garantizar el acceso a la justicia y derechos de las personas migrantes a través de la implementación y puesta en práctica del protocolo”, resaltó la Jefa de la Oficina de OIM México en Ciudad Juárez, Iliana Martell. Agradeció la confianza de la Fiscalía General del Estado y expresó su esperanza de seguir colaborando para “asegurar procesos integrales que respeten el contexto y las necesidades específicas de la población migrante”.

Gracias a este Protocolo, se atiende oportunamente a las personas migrantes que requieran apoyo de un traductor o intérprete, garantizando que accedan a información clara y comprendan plenamente sus derechos.

“Para nosotros como servidores públicos, es relevante tener la oportunidad que nos brindan la OIM y la FGE a través de estas capacitaciones, porque ampliamos nuestras herramientas para identificar las condiciones y circunstancias de las personas migrantes”, consideró Esmeralda Nájera Vázquez, Agente del Ministerio Público en la Zona Norte. Señaló la importancia de aprender sobre la canalización y vinculación con los Consulados de los países de origen de las personas migrantes cuando son víctimas de un delito.

El Protocolo es resultado de un proceso participativo amplio, desarrollado durante 22 sesiones técnicas que involucraron a diversas áreas de la Fiscalía General, Embajadas, Consulados, sociedad civil e instituciones federales y estatales.

De esta manera, Chihuahua se posiciona a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos de la población migrante, y reafirma la importancia de la cooperación interinstitucional y el enfoque humanitario en la administración de justicia para las personas migrantes y en otras formas de movilidad humana.