La sombra del crimen organizado sobre la democracia mexicana ha encendido las alarmas en el Congreso del Estado de Chihuahua. Ante la inminente discusión de la reforma electoral denominada “Plan B”, impulsada por la Presidencia de México, las y los legisladores locales emitieron un enérgico llamado al Senado de la República para que se priorice la seguridad nacional y la integridad de las urnas. La exigencia es clara: la nueva ley debe establecer constitucionalmente la nulidad de cualquier elección donde se compruebe el financiamiento o la intervención de grupos delictivos, además de arrebatar el registro a partidos y candidatos que acepten dinero ilícito.

El panorama que motiva esta exigencia es desolador y sangriento. El diputado Ismael Pérez Pavía (PAN) reveló cifras que exponen la vulnerabilidad del sistema político: tan solo en el primer trimestre de 2025, se han reportado los asesinatos de 50 figuras políticas, entre colaboradores estatales y municipales. Este clima de violencia, que ya convirtió al 2024 en uno de los años más letales con decenas de candidatos victimados, evidencia una estrategia criminal para imponer agendas mediante el terror. Por ello, el Congreso local insiste en que la reforma no solo debe buscar la austeridad, sino fortalecer las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar los antecedentes de cada aspirante.

La postura del Congreso, que logró el consenso entre diversas fuerzas políticas incluyendo a MORENA, advierte que un "Plan B" que solo debilite al INE o al Tribunal Electoral sin atacar de fondo el financiamiento del narcotráfico, es una puerta abierta a la impunidad. Los legisladores subrayaron que la democracia no puede sobrevivir si el crimen organizado sigue decidiendo quién aparece en la boleta, especialmente en las zonas de mayor influencia delictiva. La propuesta chihuahuense busca blindar las instituciones contra la toma de policías municipales y la instauración de "narcogobiernos", garantizando que el respeto a la voluntad ciudadana no sea secuestrado por el poder de las armas.