En un acto de justicia social para miles de familias, la 68 Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua ha lanzado una ofensiva legal para rescatar de la informalidad y el abuso a las personas distribuidoras de vales. A través de una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión, los diputados locales proponen una reforma histórica a la Ley Federal del Trabajo que busca reconocer formalmente esta actividad. El objetivo es claro: terminar con los esquemas de explotación donde las trabajadoras, en su mayoría mujeres, carecen de derechos básicos mientras cargan con la pesada responsabilidad financiera de pagarés que las hunden en el endeudamiento.

La propuesta, presentada en voz de la diputada Jael Argüelles Díaz y respaldada por el Grupo Parlamentario de Morena, plantea la creación de un capítulo específico en la legislación laboral denominado “De las personas trabajadoras distribuidoras de vales”. Con esta modificación, se pretende que las empresas emisoras de vales dejen de tratar a sus distribuidoras como simples intermediarias externas y comiencen a garantizarles prestaciones de ley, seguridad social y un marco de protección contra las prácticas abusivas que hoy imperan en el sector.

El dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales advierte que este sector ha permanecido invisible para la ley, permitiendo que las distribuidoras asuman riesgos económicos que deberían corresponder a las empresas. Al visibilizar esta problemática desde Chihuahua, el Congreso busca sentar un precedente nacional para que se establezcan condiciones laborales justas y se eliminen los mecanismos que derivan en deudas injustas. Esta reforma no solo busca un salario o una comisión, sino la dignidad de un trabajo que sostiene la economía de miles de hogares mexicanos pero que, hasta hoy, operaba bajo la sombra de la precariedad.