La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó de manera definitiva la designación de Mario Alberto Alejo García como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE). Por mayoría de votos, los magistrados determinaron que su trayectoria en el Congreso de Tabasco y otros cargos locales es suficiente para vigilar los movimientos financieros de todos los actores políticos del país.

El nombramiento, propuesto originalmente por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, había sido impugnado formalmente mediante un juicio electoral por los consejeros Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz. Los inconformes señalaban que la normativa exige explícitamente acreditar al menos cinco años de experiencia en puestos directivos de fiscalización electoral, requisito que el funcionario electo no cumplía de manera directa.

Sin embargo, cinco de los seis magistrados de la Sala Superior respaldaron el criterio de que dicha experiencia se cubre de forma "equiparable". El magistrado presidente, Gilberto Bátiz, junto a sus colegas Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Claudia Valle y Mónica Soto, argumentaron que las tareas previas de Alejo García en materia de cuenta pública, programación de recursos y revisión de proyectos legislativos solventan la exigencia legal. Cabe destacar que el nuevo titular se desempeñó recientemente como asesor del consejero Jorge Montaño, identificado como el perfil más cercano a la presidencia de Taddei.

En contraste, el magistrado Reyes Rodríguez emitió un voto en contra y calificó la designación de Taddei como "autoritaria". Lamentó que el tribunal renunciara a una revisión a fondo y recordó que las nuevas facultades de la presidenta para realizar nombramientos sin el consenso de sus compañeros derivan de reformas mayoritarias en el Congreso de la Unión.

Tras conocerse el fallo, los consejeros del INE Martín Faz y Arturo Castillo advirtieron que la resolución judicial sienta un "mal precedente" que debilita el profesionalismo institucional y los requisitos de elegibilidad. Apuntaron que flexibilizar la ley de esta manera pone en riesgo la fiscalización del país al dejar las condiciones técnicas sujetas a una valoración laxa y discrecional de la presidencia del INE.

 Nota de referencia: La Jornada.