En un acto que ha desatado la furia y el asco de la sociedad juarense, la justicia federal ordenó la liberación inmediata de José Luis A.C., dueño del Crematorio Plenitud, donde se localizaron 386 cadáveres acumulados en condiciones infrahumanas. El diputado Cuauhtémoc Estrada condenó enérgicamente el amparo otorgado por el juez federal Luis Eduardo Rivas Martínez, señalando que haber tratado restos humanos como simples desperdicios durante años no fue prueba suficiente para mantener al empresario tras las rejas. Esta resolución deja una herida abierta en cientos de familias que confiaron en un proceso digno y terminaron recibiendo una burla por parte de un sistema judicial que hoy le abre la puerta al responsable de esta pesadilla forense.

La impunidad volvió a golpear a Ciudad Juárez tras la liberación del propietario del "Crematorio del Terror", lugar donde casi 400 cuerpos fueron hallados apilados e insalubres. El coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada, calificó de atroz la actuación judicial y exigió que no solo el empresario pague, sino también los funcionarios omisos que permitieron este horror por años. Con casi 200 cuerpos aún sin identidad, el legislador advirtió que no permitirán que el caso quede en el olvido mientras las víctimas son ignoradas por las autoridades encargadas de vigilar este "negocio de la muerte".

El legislador cuestionó severamente la "ceguera" de las autoridades administrativas que, durante meses y años, no inspeccionaron el establecimiento ubicado en la frontera, permitiendo que los cadáveres se amontonaran como cosas. Según cifras oficiales, de los 386 cuerpos, solo 191 han sido identificados mediante ADN, dejando a 195 familias en la incertidumbre total sobre el paradero de sus seres queridos. Estrada Sotelo recordó que ya existe una iniciativa para regular estrictamente estos establecimientos, buscando evitar que la dignidad de los muertos vuelva a ser pisoteada. El caso, que ahora se encuentra en un "juego de pimpón" entre la Fiscalía y el Poder Judicial, mantiene en vilo a una ciudadanía que exige que los responsables de esta vulneración masiva a la