a diputada Jael Argüelles Díaz, integrante del grupo parlamentario de Morena, impulsa una reforma al Código Penal del Estado con el propósito de reconocer la cohabitación forzada como un delito y sancionar a quienes obliguen o faciliten que una persona menor de edad conviva como pareja con un adulto. La propuesta busca homologar la legislación estatal con el Código Penal Federal, que desde 2023 contempla esta conducta como ilícita.

Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora subrayó que la protección de la infancia es una responsabilidad ineludible del Estado y señaló que prácticas como las uniones tempranas y las convivencias impuestas continúan vulnerando a niñas y adolescentes en distintas comunidades de Chihuahua. Indicó que la falta de armonización legal mantiene espacios de impunidad y dificulta la intervención de las autoridades.

La propuesta legislativa contempla sanciones que van de 8 a 15 años de prisión, además de hasta 2,500 días multa, con agravantes si la víctima pertenece a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

Argüelles Díaz advirtió que, aunque el matrimonio infantil está prohibido en todo el país, persisten uniones informales en las que niñas son obligadas a convivir con hombres adultos sin ningún reconocimiento oficial, lo que agrava la dificultad para detectar los casos y aumenta los riesgos de violencia sexual, psicológica y reproductiva.

Datos de la Secretaría de Salud revelan que, durante 2024, 3,114 niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años dieron a luz en Chihuahua. En 1,873 de esos casos, el padre era mayor de edad; además, 1,228 gestantes tenían menos de 14 años, lo que constituye presunta violación equiparada conforme al artículo 172 del Código Penal estatal.

La diputada también destacó los graves riesgos médicos asociados al embarazo temprano, como eclampsia, infecciones y partos prematuros, por lo que exhortó a diversas dependencias –entre ellas Desarrollo Humano, Salud, Educación y Pueblos Indígenas– a establecer campañas de prevención y protocolos integrales para reducir estos casos y proteger a las menores.

Finalmente, Argüelles Díaz recordó que, según organismos internacionales, de continuar la tendencia mundial, erradicar el matrimonio infantil tardaría alrededor de 300 años, por lo que insistió en que Chihuahua debe asumir un papel activo para garantizar los derechos de niñas y adolescentes.