Diputadas, diputados y representantes de colectivos de víctimas coincidieron en la urgente necesidad de crear una Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno, durante el foro realizado en la Cámara de Diputados titulado “Desplazamiento forzado interno en México”.

La diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena) señaló que esta ley debe construirse mediante un diálogo amplio entre víctimas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, centros de derechos humanos y universidades, con el objetivo principal de restituir los derechos de las personas desplazadas.

En conferencia de prensa, acompañada de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) y el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), subrayó que México necesita una legislación urgente y efectiva que ponga en el centro a las víctimas. Explicó que el fenómeno del desplazamiento forzado interno representa una crisis humanitaria silenciosa que afecta a personas, familias, comunidades enteras y al tejido social del país.

La legisladora destacó que este foro se realizó en el marco de la visita de Paula Gaviria Betancourt, relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de las personas desplazadas forzadamente, quien se comprometió a dar seguimiento puntual al proceso de elaboración de la ley.

Por su parte, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez recordó que en 2022 ya se había aprobado una iniciativa sobre desplazamiento forzado en la Cámara de Diputados, pero quedó congelada en el Senado, por lo que urgió a retomarla en el próximo periodo legislativo. Añadió que la atención a los desplazados debe incluir la reparación de daños materiales, psicológicos y culturales.

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez aseguró que seguirá alzando la voz para que las víctimas puedan acceder a la justicia y para que se mantengan abiertos los espacios de diálogo sobre esta problemática.

Durante su intervención, la relatora de la ONU, Paula Gaviria Betancourt, señaló que el desplazamiento forzado en México es multicausal y requiere voluntad política, coordinación entre instituciones y liderazgo enfocado en los derechos humanos. Agregó que México tiene la oportunidad de convertirse en un referente internacional en la atención a este fenómeno, al formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2025-2027.

Gaviria recordó que en 2024 hubo 123 millones de personas desplazadas en el mundo, de las cuales 83 millones fueron desplazadas dentro de sus propios países, cifra que se duplicó en los últimos 10 años.

Durante el foro, diversas víctimas compartieron testimonios sobre la violencia y la pérdida de sus hogares. Teodomira Rosales Sierra denunció que varios estados cuentan con leyes sin reglamentos, lo que en la práctica significa que no se garantizan derechos. Exigió que se apruebe una ley nacional construida junto con víctimas y expertos.

Elia Reyes Pérez, originaria de Oaxaca, relató el asesinato de familiares por grupos armados y la imposibilidad de regresar a su comunidad por falta de justicia. Evangelina Contreras Ceja, desplazada de Guerrero y refugiada en Michoacán, denunció la falta de atención gubernamental en temas básicos como vivienda y seguridad.

Otros representantes de comunidades desplazadas de Chiapas y Oaxaca coincidieron en que es urgente contar con una ley que reconozca sus derechos, garantice justicia, reparación del daño y condiciones seguras para un retorno digno.