El Gobierno Federal anunció el fortalecimiento de las acciones conjuntas de seguridad e inteligencia en Michoacán para erradicar los delitos de extorsión y cobro de piso que aquejan a los agricultores. La medida se toma ocho días después del indignante homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, cuyo crimen, aseguró la autoridad, "no quedará impune".

El secretario de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), encabezaron una reunión a puerta cerrada con productores de limón en la sede de la 43 Zona Militar en Apatzingán.

A través de su cuenta en la red social X, García Harfuch informó que el encuentro, realizado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, también contó con la participación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y autoridades locales. El objetivo fue escuchar las inquietudes de los productores y coordinar un frente común contra el crimen organizado.

Durante la reunión, las autoridades federales y estatales se comprometieron a proteger al sector citrícola. Trascendió que se intensificarán las operaciones de seguridad e investigación, con un enfoque particular en las acciones de inteligencia dirigidas a desarticular a los grupos criminales.

El titular de la SSPC destacó que se reforzarán las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad federal, la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad estatal, asegurando que se protegerá al sector y a todos aquellos que han sido amenazados.

Fuentes cercanas a la reunión subrayaron que el principal objetivo es garantizar la seguridad de los trabajadores agrícolas que han sido víctimas de amenazas, secuestros y extorsiones, siendo Bernardo Bravo una de las voces más visibles y críticas contra esta actividad criminal.

El encuentro de alto nivel ocurre tras el asesinato del líder limonero el pasado 20 de octubre, quien fue hallado sin vida después de acudir a una reunión.

Información de la Fiscalía del estado, basada en versiones de testigos, señala que el empresario fue interceptado y privado de la vida por presuntos integrantes del crimen organizado, quienes ya lo habían amenazado por denunciar las extorsiones. Su homicidio provocó una fuerte indignación nacional y motivó la inmediata intervención de las autoridades federales.

 Nota referencia: La Crónica.