La redefinición del sector energético mexicano impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha encendido las alarmas en Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) ha publicado un contundente informe titulado "Declaración sobre el clima de inversión en México 2025" donde afirma que el trato más favorable otorgado a las empresas estatales Pemex y CFE pone en franca desventaja a las empresas estadounidenses y restringe la participación del sector privado.

La polémica surge a raíz de un decreto constitucional firmado en octubre de 2024, que convierte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) en "empresas públicas" con el objetivo de darles una posición dominante en los mercados energéticos nacionales. Esta reforma, promulgada en marzo de 2025, es vista por el DOS como una reversión de la liberalización energética de 2013 y un duro golpe a la competencia.

El informe del Departamento de Estado detalla los puntos de inflexión de esta nueva política energética mexicana:

• Dominio de la CFE: La reforma exige que al menos el 54% de la electricidad despachada a la red provenga de activos estatales de la CFE, limitando la cuota del sector privado a un máximo del 46%.
• Prioridad para Pemex: La petrolera estatal obtiene el derecho de preferencia en la exploración y extracción de nuevos bloques de petróleo y gas. Aunque se permite la asociación con privados en proyectos complejos (como aguas profundas), Pemex debe mantener al menos el 40% de la propiedad en cualquier nuevo desarrollo.
• Planes vinculantes de la Sener: La Secretaría de Energía (Sener) deberá publicar anualmente un plan energético vinculante para garantizar la supremacía de la CFE y asegurar que el sector privado no supere el 46% del despacho eléctrico.

Estos cambios, según el DOS, reviven la preocupación ya expresada en 2024, cuando se señaló que el gobierno mexicano restringía la emisión de permisos de importación de combustibles refinados para favorecer a Pemex.

A pesar de la gravedad de las acusaciones sobre el deterioro del clima de inversión, el informe del Departamento de Estado no precisa si, desde la óptica de la Administración del presidente Donald Trump, estas reformas violan el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión está programada para julio de 2026.

Mientras tanto, la Administración de Sheinbaum defiende su estrategia, priorizando el aumento de la producción de Pemex y expandiendo sus operaciones a nuevas áreas, incluyendo la generación de energía limpia (turbinas eólicas y paneles solares) y la producción de litio. No obstante, las representaciones diplomáticas de EE. UU. seguirán trabajando para eliminar las barreras a la inversión estadounidense, que consideran vitales para el crecimiento y expansión de sus empresas en países socios como México. 

Nota referencia: El Economista.