La Comisión de Seguridad Social, liderada por la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), aprobó un dictamen que establece la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo tiene como objetivo principal recibir, administrar, invertir y distribuir los recursos aportados según lo establecido por la ley. El dictamen detalla que el Fondo proporcionará recursos adicionales a los institutos de seguridad social para garantizar que los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor al salario promedio registrado en el IMSS, reciban un complemento de pensión.

Este complemento se aplicará a aquellos que hayan comenzado su cotización a partir del 1 de julio de 1997, así como a quienes estén bajo el régimen de cuentas individuales del ISSSTE. Sin embargo, la disponibilidad de este complemento estará sujeta a la suficiencia del Fondo y a las reglas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar será constituido como un fideicomiso público bajo la supervisión del Banco de México, según lo establecido en un decreto que emitirá el Ejecutivo Federal en los siguientes 60 días a la entrada en vigor del presente Decreto. Además, se establece que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) y otras instituciones similares deberán transferir los recursos de las cuentas individuales al Fondo cuando los trabajadores alcancen cierta edad, sin necesidad de una resolución judicial.

También se establecen disposiciones para la transferencia de recursos de la Subcuenta de Vivienda al Fondo de Pensiones para el Bienestar en ciertos casos, así como la creación de un Comité Técnico encargado de emitir las reglas de operación del Fondo.

El dictamen incluye reformas a diversas leyes relacionadas con el sistema de seguridad social y los fondos de pensiones, con el objetivo de fortalecer el derecho de los trabajadores a una pensión digna y garantizar la estabilidad financiera del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sin embargo, algunas voces en contra expresaron preocupación por la posibilidad de que los recursos de los trabajadores sean utilizados de manera inapropiada o desviados para otros fines, así como por la falta de claridad en algunos aspectos del dictamen.