El diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) impulsa una iniciativa de ley de alto impacto que busca castigar severamente la fabricación, comercialización, distribución y adquisición de equipamiento táctico-operativo reservado exclusivamente para las instituciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas.

La propuesta, que reforma leyes clave como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Federal de Armas de Fuego, plantea imponer penas de uno a seis años de prisión y multas de hasta mil veces el valor diario de la UMA a los infractores. En caso de reincidencia, las penas aumentarían hasta en una mitad.

El objetivo central de la iniciativa es frenar la usurpación de identidad por parte de grupos criminales que utilizan uniformes y equipamiento militar para cometer delitos, socavando la confianza ciudadana en las autoridades (la aprobación de la policía municipal es de apenas 48.6%, según ENSU/INEGI).

1. Exclusividad Estatal: Se prohíbe a personas físicas o morales particulares fabricar, comercializar o adquirir equipos como chalecos antibalas, cascos tácticos, vehículos blindados, uniformes, insignias y radios de comunicación encriptados. La dotación será exclusiva del Estado.
2. Uso Oficial Restringido: Los agentes de seguridad pública solo podrán portar o utilizar el equipamiento que les sea dotado oficialmente y que esté debidamente registrado.
3. Definición: El equipamiento táctico-operativo se define de manera amplia para incluir uniformes, insignias y todos los bienes destinados a operaciones de seguridad pública o defensa nacional.

La iniciativa busca establecer un marco legal sólido para prevenir delitos y recuperar la legitimidad de las fuerzas de seguridad, combatiendo la desconfianza alimentada por los crímenes cometidos por falsos agentes.