La sobrepoblación en las cárceles mexicanas se ha triplicado, llegando a casi 27 mil personas, a raíz de la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO). Esta situación se agrava a medida que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluye su ciclo sin resolver la legalidad de esta figura.

Expertos señalan que, a pesar de las críticas internacionales y la evidencia de que la PPO no ha reducido la criminalidad, el Congreso ha continuado añadiendo más delitos al catálogo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha ordenado a México modificar esta medida cautelar, considerándola incompatible con la presunción de inocencia y el debido proceso. A pesar de este fallo, el país ha continuado con la expansión de la PPO, que ahora incluye delitos como la extorsión y el tráfico de fentanilo.

Especialistas como Susana Camacho, de México Evalúa, afirman que no hay datos que demuestren que la PPO funcione para reducir la incidencia delictiva. Por su parte, José Luis Gutiérrez, de Así Legal, explica que esta medida es usada para mantener a las personas detenidas sin una investigación completa, lo que a menudo las orilla a declararse culpables para obtener su libertad.

La SCJN, que tenía en sus manos la decisión sobre la constitucionalidad de la PPO, ha pospuesto la resolución, dejando el tema en el aire para la próxima administración.