El Gobierno de México ha dado un paso decisivo hacia una reinserción social humana y efectiva. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del órgano de Prevención y Reinserción Social (PRS), ha firmado una alianza estratégica con el IMSS-Bienestar para garantizar que las personas privadas de la libertad en Centros Federales tengan acceso a servicios médicos de alta especialidad. Este mecanismo rompe con el aislamiento sanitario, permitiendo que los internos sean atendidos en hospitales de segundo y tercer nivel para urgencias, cirugías complejas y hospitalización, bajo la premisa de que "la salud no se pierde por estar privado de la libertad".

El acuerdo, con vigencia hasta el año 2030, establece una logística de hierro para el traslado y custodia de los pacientes, asegurando que la seguridad pública no se vea comprometida mientras se ejerce el derecho a la salud. El PRS identificará los casos críticos y gestionará los traslados bajo estrictas medidas de vigilancia, mientras que el IMSS-Bienestar dispondrá de espacios seguros dentro de sus clínicas, ofreciendo desde estudios diagnósticos hasta medicamentos e insumos. Esta coordinación interinstitucional busca que la estancia en prisión no sea una sentencia de enfermedad, sino una oportunidad para reconstruir proyectos de vida con dignidad y atención médica oportuna.