Con 258 votos a favor, 205 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó, en su conjunto, el dictamen sobre la adición de un artículo 9 a la Ley de Amnistía, relacionado con la concesión directa de amnistía.

La adición establece que el Presidente tendrá la facultad exclusiva de otorgar amnistías directas, sin seguir el procedimiento establecido en la ley, en casos específicos que cumplan con las siguientes condiciones:

• La amnistía se concederá a personas que proporcionen pruebas verificables útiles para esclarecer hechos relevantes para el Estado mexicano.
• Las personas a las que se otorgue la amnistía deben estar sujetas a acción penal, proceso legal o condena por cualquier delito.

El dictamen explica que, aunque el Sistema Jurídico Penal Mexicano ya contempla figuras como el testigo protegido y colaborador, la finalidad de esta amnistía es obtener pruebas para conocer la verdad de los hechos.

Se argumenta que el objetivo primordial de esta modificación es esclarecer los hechos, proteger a los inocentes, evitar la impunidad de los culpables y reparar los daños causados a las víctimas y sus familias.

Se menciona que hay casos relevantes para la sociedad mexicana, como Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Apatzingán y Atenco, en los que aún queda pendiente garantizar el derecho a la verdad.

Además, se destaca la importancia de contar con mecanismos efectivos para garantizar el derecho a la verdad, asegurando que los responsables rindan cuentas ante la ley y la sociedad, y se adopten medidas para prevenir la repetición de hechos similares en el futuro.

Con respecto a las intervenciones de los diputados, se presentaron posturas a favor y en contra. Algunos argumentaron que la reforma busca garantizar el derecho a la verdad y contribuir a la justicia, mientras que otros la consideraron inconstitucional y una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo.

Finalmente, se desecharon mociones suspensivas impulsadas por diputadas de diferentes partidos políticos.