El diputado Pedro Torres Estrada arremetió contra la gobernadora Maru Campos y el secretario Gilberto Loya, exigiendo que se revele el costo de los vehículos blindados y el ejército de escoltas que protegen a los funcionarios.

En una sesión que sacudió los cimientos del Congreso del Estado este 3 de marzo de 2026, el legislador de Morena, Pedro Torres Estrada, lanzó una ofensiva frontal contra lo que llamó una "hiperconcentración de recursos" para la protección de la alta burocracia estatal. Mientras las calles de Chihuahua desbordan inseguridad y las policías municipales operan con equipo obsoleto, el diputado denunció que los altos funcionarios se desplazan en "burbujas de acero" pagadas íntegramente por los ciudadanos que hoy carecen de paz.

La denuncia no solo apunta a los titulares de las dependencias, sino que escala a un nivel crítico al cuestionar bajo qué fundamento legal los familiares de los funcionarios, como cónyuges e hijos, cuentan con la asignación de escoltas y vehículos oficiales blindados. Torres Estrada exigió transparencia absoluta sobre el número de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que han sido retirados de las labores de vigilancia ciudadana para servir como custodios personales, lo que representa un golpe directo a la fuerza operativa del estado.

Ante este panorama de privilegios, se formularon 19 cuestionamientos clave que la gobernadora Maru Campos y el secretario Gilberto Loya deberán responder a la brevedad. Entre las exigencias destacan el costo de adquisición y mantenimiento de la flota blindada, el gasto anual en viáticos para el personal de protección y el porcentaje real de agentes destinados a cuidar a los "intocables" del gobierno. La postura es clara: la seguridad no debe ser un privilegio de clase, sino un derecho que hoy se le niega al chihuahuense común.