El diputado Carlos Olson San Vicente, del Partido Acción Nacional (PAN) , ha puesto en marcha una contundente iniciativa para frenar el flagelo de las denuncias falsas en Chihuahua, proponiendo penas de cárcel y multas que buscan blindar la justicia, salvaguardar los recursos públicos y proteger la integridad de los ciudadanos inocentes.

Olson advirtió con firmeza que el uso indebido del sistema legal provoca un doble perjuicio demoledor: desvía personal, material y fondos vitales de las autoridades que deberían estar atendiendo a las víctimas reales, y simultáneamente, desgarra la vida de quienes son sometidos a procesos injustos, dañando su reputación, empleo y núcleo familiar.

"Cada denuncia falsa es una traición a la justicia. Se desperdician recursos que deberían servir a las verdaderas víctimas y se destruyen vidas inocentes", sentenció el legislador, con un toque de amarga verdad.

El diputado panista también subrayó el daño colateral en el seno familiar, destacando cómo estas acusaciones se convierten en un arma letal en conflictos domésticos y batallas por la custodia, minando la estabilidad de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta legislativa no se anda con medias tintas: contempla sanciones de uno a seis años de prisión y multas. Además, la iniciativa carga la mano con castigos aún mayores cuando funcionarios públicos o profesionales (¡se acabaron los cómplices!) participen activamente en la invención o sostenimiento de la mentira procesal.

Con esta acción, Olson busca fortalecer el Estado de Derecho en Chihuahua, garantizando que el sistema judicial sea, por fin, un verdadero espacio de confianza, verdad y justicia para todos. ¡Parece que las "bromas" legales se van a acabar en el estado grande!