Presenta el Gobierno Federal la nueva Ley General contra el Feminicidio
Por Redacción · 15 de julio, 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó y envió al Congreso de la Unión una trascendental iniciativa para crear la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Como la primera mujer en asumir la jefatura del Ejecutivo Federal, Sheinbaum reafirmó su compromiso histórico de proteger a las mujeres y erradicar la violencia de género, buscando garantizar la cero impunidad mediante la homologación en todo el país de las reglas para investigar y sancionar este delito. Con este marco jurídico, se pretende evitar que los feminicidios sean clasificados erróneamente como suicidios o que vacíos legales faciliten la evasión de los agresores.
La propuesta, detallada por la consejera jurídica Luisa María Alcalde Luján, establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, definiendo textualmente diez causales objetivas y fijando una pena base de 50 a 70 años de prisión. Asimismo, la iniciativa introduce 19 agravantes que incrementarán la condena hasta en una mitad cuando las víctimas pertenezcan a sectores vulnerables como embarazadas, personas con discapacidad, periodistas, defensoras de derechos humanos o migrantes, así como en casos donde se utilicen sustancias inflamables o ácido. Para asegurar que los culpables enfrenten todo el peso de la ley, el delito, su sanción y la reparación del daño serán catalogados como imprescriptibles, quedando estrictamente prohibidas las amnistías, conmutaciones de pena o criterios de oportunidad.
Por su parte, las dependencias encargadas de la atención y procuración de justicia expusieron que la ley contempla una investigación obligatoria con perspectiva de género, debida diligencia reforzada y análisis de contexto de violencia. Además de la prisión, los sentenciados perderán de manera definitiva los derechos sucesorios, la patria potestad y la tutela de los menores en orfandad. La iniciativa de ley también reconoce de manera integral los derechos de las víctimas y sus familias, garantizando atención médica, psicológica, asistencia jurídica gratuita y el diseño de políticas públicas articuladas a través del Sistema Nacional para Erradicar la Violencia.
