Dos atentados terroristas sacudieron a Colombia este jueves, dejando un saldo de al menos 18 personas muertas y más de 70 heridas. Los ataques, dirigidos contra un helicóptero de la policía y una base aérea, han puesto en el centro de la atención al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, señalado por el gobierno como posible autor.

El primer ataque ocurrió en Amalfi, Antioquia, donde doce policías antinarcóticos murieron y otros cuatro resultaron heridos cuando el helicóptero en el que viajaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos fue impactado.

Horas después, en Cali, un camión cargado de explosivos fue detonado cerca de la Escuela Militar de Aviación. La explosión causó una enorme destrucción y dejó seis personas muertas y 71 heridas, todas ellas civiles que transitaban por la zona.

Las autoridades lograron detener a un hombre en el lugar del atentado en Cali. El presidente Gustavo Petro lo identificó como alias "Sebastián", un miembro del EMC, grupo que, según el mandatario, forma parte de una "Junta del Narcotráfico".

En un acto público, Petro atribuyó el ataque contra el helicóptero al "llamado frente 36 del EMC". Tras el atentado en Cali, el presidente anunció una decisión contundente: declarará al EMC, a la Segunda Marquetalia y al Clan del Golfo como organizaciones "terroristas".

"Nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Iván Mordisco (el EMC) son la Junta del Narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta", expresó Petro. El presidente calificó los crímenes como "actos de guerra" que podrían ser investigados por la Corte Penal Internacional (CPI).

Ante el recrudecimiento de la violencia, Petro se trasladó a Cali y, según versiones de prensa, prepara un decreto para declarar el estado de conmoción interior, una medida de excepción para enfrentar graves perturbaciones del orden público.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y el Comité Internacional de la Cruz Roja condenaron los atentados, urgiendo a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario y evitar ataques contra la población civil.

El ministro de Defensa ofreció una recompensa de hasta 50,000 dólares por información que ayude a prevenir futuros ataques.

Mientras la violencia escala, la situación de seguridad del país ha generado duras críticas de la oposición. Expresidentes como Iván Duque y Juan Manuel Santos exigieron acciones contundentes por parte del gobierno para evitar que el terrorismo vuelva a adueñarse del destino del país. 

 Nota referencia: Milenio.