Presión social obliga a EE. UU. a suspender controles de tráfico del ICE tras muertes de migrantes

El Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspender de manera temporal sus operativos de control de tráfico y detención de vehículos en las carreteras. La medida ocurre tras una fuerte ola de protestas sociales en estados como Nueva York y Maine, desatadas por la muerte de dos personas a manos de agentes migratorios en menos de una semana.

La restricción está dirigida específicamente a los oficiales de la División de Operaciones de Control y Expulsión (ERO), la rama del ICE encargada de localizar, detener y deportar a personas en situación irregular. No obstante, la suspensión no será absoluta, ya que los agentes federales podrán solicitar apoyo de corporaciones policiacas locales asociadas si requieren detener un vehículo para ejecutar una orden de arresto previa.

La suspensión de estos polémicos retenes móviles se anunció apenas un día después de que agentes del ICE abatieran a tiros al ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en la localidad de Biddeford, Maine, mientras se encontraba a bordo de su automóvil. Solo seis días antes de este incidente, otro oficial migratorio asesinó al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, durante un procedimiento vial en Texas. En ambos casos, la agencia justificó el uso de fuerza letal alegando que los conductores representaban un peligro.

A la indignación por estos decesos se sumó un tercer incidente fatal en San Agustín, Florida, donde un joven de nacionalidad mexicana de 28 años murió atropellado por un camión de carga mientras intentaba huir a pie de una inspección del ICE en el estacionamiento de una gasolinera.

A pesar del descontento de organizaciones de derechos humanos por el uso desproporcionado de la fuerza, el ICE presumió de manera paralela un récord de operaciones en el Valle del Río Grande, Texas, donde en un solo día arrestaron a 238 migrantes. Activistas locales han denunciado que, contrario a las versiones oficiales que afirman priorizar la detención de personas con antecedentes penales, las redadas masivas continúan afectando de forma generalizada a la comunidad trabajadora. Nota de referencia: Milenio.