La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal está preparando reformas legales para evitar que jueces y ministros de la SCJN ordenen la liberación de cuentas financieras vinculadas a actividades ilícitas como lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada, que previamente hayan sido bloqueadas por la UIF. 

Sheinbaum criticó la práctica actual de liberar estas cuentas a través de suspensiones en amparos, sin esperar un juicio de fondo, calificándola como un acto de corrupción. La iniciativa busca que la liberación de fondos de la LPB solo proceda tras demostrarse un error de la UIF en un juicio formal. 

Esta acción se suma a la reforma del Poder Judicial y tiene como objetivo primordial garantizar la cero impunidad en delitos federales. El titular de la UIF, Pablo Gómez, detalló que la LPB es una medida preventiva y que, aunque se han bloqueado importantes sumas de dinero, una parte considerable ha sido desbloqueada por decisiones judiciales. 

Se están considerando modificaciones a diversas leyes, incluyendo la Ley ORPI y la Ley de Amparo, para fortalecer la efectividad de la LPB. Gómez también se refirió al caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes fueron retirados de la LPB por orden judicial, pese a tener órdenes de aprehensión pendientes.