El Pleno del Senado aprobó por votación económica un proyecto de decreto que reforma y añade disposiciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. El objetivo principal de estas reformas es integrar principios, fortalecer las sanciones y castigar a todos los implicados en la cadena delictiva de la trata de personas.

El proyecto, respaldado con 97 votos a favor y cuatro abstenciones, introduce el concepto de interseccionalidad, que reconoce las desigualdades sistémicas resultantes de la combinación de factores como género, etnia y clase social. Esto implica que tanto las desventajas como los privilegios de una persona no pueden ser entendidos de manera aislada, sino que deben ser analizados en conjunto.

Además, se incorpora el enfoque de interculturalidad, que promueve la interacción respetuosa entre diferentes culturas y grupos étnicos, buscando la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen cultural o étnico.

El proyecto también adopta un enfoque de derechos humanos, basado en estándares internacionales, con el objetivo de analizar y corregir las desigualdades y prácticas discriminatorias que impiden el desarrollo progresivo y afectan a grupos históricamente discriminados.

Se reconoce como sujetos en situación de vulnerabilidad a personas con distintas características, como religión, orientación sexual, estado de salud, y pertenencia a comunidades indígenas o afromexicanas.

En cuanto a la explotación de personas, se incluye la utilización de tecnologías de la información y comunicación (TICs) para la realización de actos pornográficos, lo cual se sancionará con penas de prisión y multas. Además, se penaliza la promoción o gestión de viajes con fines sexuales de personas pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas.

Asimismo, se establecen sanciones para la explotación de personas en actividades como la mendicidad, y se penaliza la solicitud o contratación de servicios de personas vulnerables, incluyendo menores de edad, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

El senador Ricardo Monreal Ávila de Morena resaltó la importancia de esta legislación para combatir la trata de personas y proteger a las víctimas, destacando la unidad de las diferentes fracciones parlamentarias en este tema.