La Secretaría de Salud Estatal ha salido al paso de las recientes acusaciones de la diputada de Morena, Jael Argüelles, asegurando que el sector goza de sostenibilidad financiera gracias al manejo responsable de los recursos de la actual administración, lo que permite garantizar servicios de calidad a los chihuahuenses.

La dependencia rechazó categóricamente las afirmaciones de una supuesta "crisis financiera" y de irregularidades en la contratación. Por el contrario, la Secretaría destacó que el presupuesto de Servicios de Salud de Chihuahua se incrementó en 8.36 por ciento y el del ICHISAL en 2.04 por ciento.

La Secretaría presentó cifras contundentes sobre la gestión de la deuda heredada:

• Servicios de Salud de Chihuahua redujo sus pasivos de $735 millones de pesos (mdp) a $300 mdp.
• El ICHISAL disminuyó su deuda de $1,138 mdp a $941 mdp.

En conjunto, esto representa una disminución de $631 millones de pesos en pasivos al cierre de septiembre de 2025. Adicionalmente, se han liquidado más de $853 mdp en pasivos y resoluciones judiciales de administraciones anteriores con recursos propios de esta gestión.

La dependencia desmintió la existencia de "adjudicaciones directas en lugar de licitaciones públicas". Detalló que Servicios de Salud de Chihuahua ha realizado 221 procedimientos licitatorios conforme a la normativa.

Específicamente para medicamentos y material de curación, las licitaciones se han efectuado de manera pública, internacional y electrónica a través de la plataforma Compranet, con una amplia participación de empresas sin registro de inconformidades. Por su parte, ICHISAL ha llevado a cabo 91 licitaciones sin objeciones.

Gracias a estas estrategias de eficiencia, la Secretaría asegura mantener un promedio general de abasto del 80 por ciento en medicamentos y material de curación, garantizando la operación continua de hospitales, centros de salud y la expansión del programa MediChihuahua.

La Secretaría reafirmó que todos sus organismos están sujetos permanentemente a auditorías y procesos de fiscalización por parte de la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, lo que asegura el manejo transparente y legal de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.