En una sesión maratónica y sorpresiva, la mayoría oficialista de la 4T en la Cámara de Diputados aprobó ayer una controvertida ola de incrementos y nuevos gravámenes que, de ser ratificados por el Senado, entrarán en vigor a partir de 2026. Los cambios, avalados con 352 votos a favor y 133 en contra, no solo impactan al consumo popular, sino que también elevan drásticamente el costo de múltiples servicios y trámites gubernamentales, generando fuerte rechazo en la oposición.

Los legisladores no solo dieron luz verde a incrementos en el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) para artículos ya gravados como refrescos, tabacos y videojuegos con contenido violento, sino que ampliaron la lista a productos esenciales como los sueros orales.

Uno de los cambios más polémicos afecta directamente a la movilidad familiar: la mayoría oficialista impuso un cobro de 294 pesos para adquirir el formato SAM (Salida de menores al extranjero), un documento que era gratuito y permitía a menores de edad viajar sin necesidad de un poder notarial.

En materia migratoria, la iniciativa contempla un aumento del 109 por ciento a los permisos de residencia temporal en el país, elevando el costo de un permiso por cuatro años hasta los 25 mil pesos.

La medida también eleva el costo de diversos servicios prestados por el Estado que van desde la verificación de helipuertos y licencias de aeronavegabilidad hasta la vigilancia de instalaciones financieras, incluyendo una tarifa de 31 millones de pesos por servicios de inspección a casas de bolsa, según un análisis de la bancada del PAN.

Además, las modificaciones derogan la exención fiscal que beneficiaba a personas físicas y morales que usan, explotan o aprovechan aguas nacionales.

El legislador priista Jericó Abramo detalló que el paquete de incrementos en Derechos, IEPS, Aduanas y Código Fiscal, le proporcionará al Gobierno federal 271 mil millones de pesos de recursos adicionales. Sin embargo, calificó esta cifra como "migajas", señalando que el País necesita 1.5 billones de pesos de ingresos extra para estabilizar sus finanzas.

Por su parte, la panista Noemí Luna cuestionó duramente la lógica detrás de los aumentos: "Aumentan los cobros migratorios, pero no hay inversión en seguridad fronteriza... Y ahora aumentan las cuotas de entrada a los museos y zonas arqueológicas", sentenció.

En defensa de las medidas, la morenista Alma Delia Navarrete argumentó que estas modificaciones son una herramienta crucial para fortalecer la capacidad del Estado y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.