La primera mujer en la historia de la Corte en ser designada directamente por un presidente de la República expresó su opinión sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), señalando que esta no aborda aspectos críticos como los límites a las facultades interpretativas del Máximo Tribunal o la transparencia en el manejo de los recursos. A pesar de ello, mostró su apoyo a la parte central de la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión el 5 de febrero pasado.

En sus palabras, la ministra destacó la escasa atención que la iniciativa otorga al tema de la interpretación jurídica, especialmente en lo que respecta a la interpretación política de la Constitución por parte de la Suprema Corte. Sugirió que este aspecto debería abordarse de manera más clara y destacó la importancia de debatir hasta qué punto la Corte debe intervenir en asuntos constitucionales de naturaleza política. En este sentido, mencionó la posibilidad de adoptar modelos similares al de Canadá, donde el parlamento realiza interpretaciones normativas con la opinión consultiva de su Corte Suprema.

Además, la ministra señaló la necesidad de abordar otros temas importantes, como el alcance de las funciones del Consejo de la Judicatura, que actualmente tiene amplios poderes en la administración del Poder Judicial y cuya falta de transparencia considera preocupante. También destacó la falta de claridad en la propuesta respecto a la transparencia y a los plazos para resolver los casos en la Suprema Corte, lo que genera incertidumbre entre los justiciables.

En cuanto a su experiencia en la Corte, la ministra Batres compartió sus observaciones sobre el funcionamiento interno y externo del Poder Judicial, señalando que este es en general muy opaco. Criticó la falta de transparencia en la gestión de los recursos y en la resolución de los casos, así como la falta de términos claros para resolverlos, lo que genera incertidumbre en los ciudadanos.

Respecto a su relación con otros ministros de la Corte, Batres mencionó que su llegada al tribunal no tuvo como objetivo establecer amistades, sino abordar los temas de manera profesional y respetuosa. Reconoció que sus opiniones a veces difieren de las mayorías en el Pleno y mencionó un incidente reciente durante la discusión de la Ley de la Industria Eléctrica. En esa ocasión, Batres solicitó posponer la discusión, pero su petición fue rechazada, lo que ella consideró un atropello de procedimiento.

En cuanto a las críticas sobre posibles conflictos de interés debido a su pasado laboral en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, Batres defendió su imparcialidad y destacó que no ha participado en la votación de leyes o reformas propuestas por el Ejecutivo. Afirmó que las leyes son producto del Legislativo y que su trabajo en la Consejería se limitaba a la elaboración de reglamentos y la dirección de iniciativas de ley.

Finalmente, Batres expresó su disposición a acatar cualquier decisión que se tome en relación con la propuesta de reforma al Poder Judicial, pero destacó la importancia de que se aborden todos los aspectos relevantes de manera integral y respetando los procedimientos establecidos.