Una nueva victoria legal sacude los cimientos de la polémica Cédula Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos. Un Juzgado Federal ha otorgado la suspensión definitiva a 15 miembros de la red estatal Cruzada por la Familia, con lo que se les exime de la obligación de entregar sus datos sensibles y biométricos para la integración de este documento, concebido para ser la identificación nacional obligatoria y sustituto del INE.

Esta resolución, dictada en Chihuahua, se suma a una ola de cientos de amparos presentados en al menos 17 estados del país, incluyendo Baja California, Nuevo León, Michoacán, CDMX y Yucatán, donde el Poder Judicial Federal ha estado emitiendo suspensiones, tanto provisionales como definitivas.

Los promotores de los amparos, como José Medrano Carrasco, coordinador de Cruzada por la Familia, y Fco. Javier Valenzuela Casas, presidente de Conciencia Social, sostienen que la ley que impulsa la nueva CURP viola derechos humanos fundamentales, específicamente los de privacidad y libertad.

"Esta ley viola los derechos humanos a la libertad y la privacidad. Solicitamos que se declare el acto de autoridad como inconstitucional para que en su momento haga precedente", declaró Medrano Carrasco.

Ambos líderes coinciden en señalar que la obligatoriedad de este documento representa un intento del actual gobierno federal, emanado del partido Morena, de concentrar una vasta cantidad de información para utilizarla con fines ideológicos y partidistas. Valenzuela Casas advirtió que estas prácticas de hipervigilancia forman parte de una agenda más amplia que busca centralizar y concentrar la información poblacional para un mayor control, una situación que consideran un "peligro para México y los mexicanos".

La preocupación central de los demandantes radica en la creación de una Plataforma Única de Identidad, administrada por el Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Esta plataforma no solo recogería los datos biométricos obligatorios de los ciudadanos (huellas, rostro, etc.), sino que se alimentaría de bases de datos de una inmensa gama de particulares: servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, educación, paquetería, registros patronales y hasta instituciones religiosas o centros de atención a adicciones.

Lo más alarmante, según los opositores, es la posibilidad de acceso a la geolocalización de los ciudadanos. Esto implicaría que el Estado podría "saber dónde estuvimos, con quién nos reunimos y dónde nos encontramos en tiempo real", lo que constituye una invasión directa a la privacidad.

Aunque la legislación menciona el "consentimiento previo" para la integración de los datos biométricos, los líderes sociales argumentan que la naturaleza obligatoria de la nueva CURP para "todo trámite y servicio" (público o privado) anula el verdadero consentimiento, obligando a los ciudadanos a ceder sus datos para no ver restringidos sus derechos y servicios básicos.

Además, insisten en que este sistema de identificación y vigilancia universal y permanente genera un "efecto amedrentador" que podría coartar el ejercicio de otras libertades, como la expresión, la asociación y el movimiento.

La suspensión definitiva marca un hito en la batalla legal, pues congela la aplicación de la medida para los amparistas y aumenta la presión para que el Poder Judicial se pronuncie sobre la constitucionalidad de la controvertida CURP con datos biométricos.