El actual senador Adán Augusto López Hernández enfrenta 37 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades detectadas durante su gestión como gobernador de Tabasco (enero de 2019 a agosto de 2021). La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un presunto daño al erario que asciende a casi 800 millones de pesos. Las denuncias fueron presentadas por la panista y especialista en transparencia, María Elena Pérez-Jaén, quien acusa al titular de la ASF de haber encubierto el caso por años.

María Elena Pérez-Jaén explicó que decidió presentar las 37 denuncias ante la FGR debido a la omisión del titular de la ASF, David Colmenares. Según la panista, las auditorías, que documentan un quebranto de más de 700 millones de pesos de la cuenta pública de 2019, han estado "durmiendo el sueño de los justos" en el área de investigación del organismo desde 2021.

"Lo que hizo la ASF, el auditor superior, David Colmenares, está protegiendo al senador Adán Augusto López Hernández, porque han pasado cinco años desde 2019; es decir, la auditoría fue presentada el 20 de febrero de 2021 y no se ha hecho nada," afirmó Pérez-Jaén.

El exgobernador dejó el cargo en agosto de 2021 para unirse al gabinete presidencial como titular de la Secretaría de Gobernación y actualmente es senador de la República.

Las irregularidades detectadas por la ASF abarcan diferentes áreas de su administración. Pérez-Jaén detalló que una de las auditorías señala anomalías por 5.3 millones de pesos específicamente en la Secretaría de Seguridad Pública en 2020.

La panista, quien ya tiene presentadas 205 denuncias de su etapa como diputada, espera que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, dé seguimiento a las 37 denuncias contra López Hernández y quienes resulten responsables.

Paralelamente, diversos integrantes de los comités y consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Anticorrupción Estatales y Nacional se han unido para solicitar al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la FGR y al Senado que investiguen a fondo las declaraciones patrimoniales y fiscales del legislador.

Nota referencia: Excelsior.