El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con una mayoría calificada de 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, un dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política para extinguir siete órganos autónomos.

Las disposiciones derogadas incluyen aquellas relacionadas con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

El dictamen establece que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, garantizará el derecho de acceso a tecnologías de la información y comunicación. Asimismo, los sujetos obligados deberán promover, respetar y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

Además, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de noventa días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes correspondientes para dar cumplimiento al decreto. Los recursos y ahorros derivados de la extinción de los entes públicos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La diputada Kenia López Rabadán (PAN) señaló que la propuesta busca centralizar funciones y promover la eficiencia y la austeridad en el manejo gubernamental. Las competencias de los antiguos organismos autónomos, como la mejora continua de la educación y la medición de la pobreza, serán transferidas a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, respectivamente.

El Ejecutivo Federal deberá emitir los decretos de extinción correspondientes, y los actos jurídicos previamente emitidos por los organismos extintos surtirán todos sus efectos legales. Los derechos laborales de los servidores públicos serán respetados, y los recursos materiales, registros y sistemas electrónicos pasarán a formar parte de las dependencias pertinentes.

Se desechó una moción suspensiva presentada por la diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC), que buscaba interrumpir la discusión del dictamen, argumentando que los órganos constitucionales autónomos son garantes de los derechos humanos y pilares de la democracia, y que el proceso legislativo no consideró la opinión de la LXVI Legislatura, ni la participación de la academia y la sociedad.