Tan solo tres días después de su entrada en vigor, la controvertida reforma a la Ley de Amparo fue utilizada por primera vez por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), marcando un precedente que limitará la capacidad de las partes para apartar a ministros y magistrados de un juicio.

Por una contundente mayoría de siete votos contra uno, el Pleno de la Corte declaró sin materia una contradicción de criterios. La decisión se basa en el artículo 59, fracción II, de la nueva Ley de Amparo, que ordena desechar cualquier recusación cuando haya elementos suficientes para probar que su fin es "entorpecer o dilatar el procedimiento".

La sentencia determina que los ministros y magistrados no pueden ser apartados de un juicio por asuntos "accesorios" que no inciden en la materia principal del caso, como las recusaciones o trámites de impedimento.

La ministra ponente, Yasmín Esquivel Mossa, explicó la nueva limitación: "Las recusaciones exclusivamente pueden plantearse para que ministras y ministros, así como magistradas y magistrados, se abstengan de conocer el fondo de la cuestión planteada, por lo que es evidente que dentro del trámite y resolución de un impedimento no podría plantearse una nueva recusación, ya que se trata de un procedimiento accesorio."

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, respaldó la decisión, argumentando que el fondo de la discrepancia ya había sido resuelto por la nueva ley, la cual prohíbe las maniobras dilatorias.

Esta nueva aplicación de la ley tendrá un impacto inmediato en casos de alta relevancia, como los litigios fiscales de Grupo Elektra (propiedad de Ricardo Salinas Pliego).

El texto detalla que, previamente, la Primera Sala de la SCJN ya había emitido una jurisprudencia (marzo de 2025) que consideró improcedentes las recusaciones al ser "accesorias y dilatorias", justo a raíz de un litigio de Elektra.

Dicho caso inició en 2024, cuando la empresa promovió un recurso contra un crédito fiscal de más de 67 millones de pesos. En ese litigio, Grupo Elektra recusó a las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel, lo que originó una serie de impedimentos y recursos que ahora, con la entrada en vigor de la nueva ley, serán mucho más difíciles de interponer.

 Nota referencia: La Jornada.