Tras una jornada marcada por la protesta y el aplazamiento de la votación, cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvieron una reunión con representantes de los Repartidores Unidos de México. Sin embargo, el diálogo terminó con un sabor agridulce: aunque la Corte se comprometió a escuchar, los trabajadores afirman que el mensaje de fondo fue claro: el cobro del impuesto del 2% a los repartidores "sí va".

Horas después de que una manifestación obligara a suspender la discusión sobre la legalidad del gravamen, voceros como Edgar Balderas revelaron el tono de la reunión. "Básicamente, nos dijeron que hoy se pausó para escucharnos, pero nos dijeron que el impuesto va", afirmó Balderas, señalando que los ministros les recomendaron dónde llevar sus quejas, pero advirtiendo que, si se aprueba, "ya no tendríamos nada qué hacer".

La reunión de una hora en el edificio de la SCJN contó con la presencia de los ministros Hugo Aguilar (Presidente de la Corte), Lenia Batres (quien tiene a su cargo el amparo), Loreta Ortiz, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías.

Según los trabajadores, mientras que Aguilar y Batres mantuvieron su postura de que el impuesto se debe cobrar, otros, como Loreta Ortiz, mostraron mayor comprensión de la postura de los repartidores. Estos últimos argumentan que no es justo imponer un nuevo gravamen —supuestamente destinado a reparar carreteras y baches— cuando ellos ya pagan por medio de la tenencia y otros impuestos vehiculares.

La Corte, por su parte, emitió un comunicado posterior a la reunión, asegurando que los ministros "se comprometieron a examinar detenidamente las solicitudes" de los trabajadores y que sus peticiones "serán consideradas de manera seria" antes de retomar la discusión la próxima semana. No obstante, para los repartidores, la advertencia de que el impuesto es un hecho mantiene la incertidumbre y la protesta latente.