La 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua ha lanzado un reclamo frontal y urgente al Ejecutivo Federal para detener la asfixia financiera que mantiene de rodillas a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). A través de un punto de acuerdo presentado por el diputado Jaime Torres Amaya, el Poder Legislativo exigió revertir de inmediato los recortes presupuestales que han despedazado la capacidad operativa de la institución, dejando a los bosques del estado y del país a merced del fuego. La advertencia es clara: sin recursos para prevención, control y combate de incendios, Chihuahua se enfrenta a una catástrofe ecológica inminente que no solo consumirá hectáreas de bosque, sino que agravará la ya crítica contaminación del aire en las zonas urbanas.

El legislador denunció en tribuna que la política de austeridad ha tenido efectos secundarios alarmantes, como la reducción drástica en el número de brigadistas y la desaparición del Programa de Empleo Temporal, esencial para la vigilancia de nuestras zonas serranas. A esto se suma el vacío dejado por la eliminación del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), lo que ha dejado a las autoridades estatales sin un salvavidas económico para atender contingencias forestales de gran magnitud. Esta debilidad institucional no solo reduce la resiliencia de los ecosistemas ante el cambio climático, sino que pone en riesgo directo la salud pública de los chihuahuenses debido a las densas capas de humo y emisiones contaminantes que se derivan de siniestros sin control.

Ante este panorama desolador, el Congreso local instó a que se garantice una partida presupuestal mínima para la CONAFOR, la cual debe estar vinculada directamente al número de hectáreas en riesgo y al índice de incendios activos, blindándola contra cualquier recorte futuro. El llamado es a una coordinación real entre los tres niveles de gobierno para implementar estrategias de reforestación y manejo sustentable que devuelvan el pulmón verde al estado. La batalla por el medio ambiente no puede ganarse con las manos vacías, y Chihuahua exige que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad antes de que el daño sea irreversible para las futuras generaciones.